Las luces permanecen encendidas día y noche en el interior de la prisión más grande de El Salvador, conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Los reclusos tienen permitido salir de sus celdas, que albergan hasta 100 internos, solo por media hora al día y nunca en libertad al aire libre. No pueden ver a sus abogados en persona, mucho menos a sus seres queridos. Pero esta realidad apenas roza la superficie de lo que sucede allí.
Construido en 2022 por orden del presidente Nayib Bukele, CECOT abrió sus puertas en Tecoluca y tiene capacidad para 40,000 hombres. La prisión se divide en ocho alas enormes. Algunos de los internos ya han sido condenados por diversos delitos, mientras que otros aún aguardan fecha de juicio, alojados en celdas sobrepobladas, desprovistos de posesiones personales, con la cabeza rapada, portando camisetas y shorts proporcionados por la prisión. Todos ellos supuestamente tienen vínculos con diferentes bandas criminales. El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, expresó que “se asegurará que ninguno de los que entran en CECOT salga a pie”, según informa The Guardian.
Este es el lugar donde la administración del expresidente Donald Trump envió a 238 inmigrantes venezolanos acusados de tener vínculos con bandas delictivas para ser retenidos sin juicio.
Una prisión peligrosa en un país peligroso
El pequeño país centroamericano de El Salvador ha atravesado una historia tumultuosa y violenta, marcada por una sangrienta guerra civil y escuadrones de la muerte respaldados por EE.UU. durante la presidencia de Ronald Reagan. Tras un acuerdo de paz en 1992, el país empezó a estabilizarse. Sin embargo, en 2018, tras varios desastres naturales, una economía tambaleante y un aumento del crimen, El Salvador fue señalado como el país más peligroso del mundo fuera de guerra por el Foro Económico Mundial.
Al año siguiente, Nayib Bukele asumió la presidencia e implementó medidas anti-bandas que, en 2022, incluyeron la declaración de estado de emergencia. Organizaciones de derechos humanos señalan que estas medidas han derivado en abusos, como arrestos arbitrarios y torturas.
La construcción de CECOT es una consecuencia directa de estas políticas. La prisión, considerada la más grande de América Latina, supuestamente solo alberga miembros de bandas. Rodeada con vallas eléctricas y protegida por 19 torres de vigilancia, la instalación tiene un costo estimado de 115 millones de dólares. Los internos tienen menos de 6.5 pies cuadrados de espacio cada uno y enfrentan condiciones de hacinamiento, además de acusaciones de muertes y torturas por parte de los guardias.
Un día en la vida de un recluso en CECOT
Al ingresar a CECOT, los nuevos reclusos tienen la cabeza rapada y reciben su ropa de prisión, que apenas consiste en camisetas y shorts. Compartiendo celda con otros, incluyendo miembros de bandas peligrosas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, no tienen posesiones y tampoco pueden leer libros. Solo se les permite acceder a la Biblia en algunos casos, pero no más. Sus celdas disponen de literas metálicas sin colchones ni almohadas, un baño abierto y un lavamanos de concreto. El agua potable se suministra en jarras de plástico, y los presos comen con las manos. La vigilancia corre a cargo de más de 1,000 guardias armados, tanto en el suelo como desde torres ubicadas sobre las celdas.
Durante la media hora en que salen de sus celdas, los reclusos caminan por el pasillo principal esposados de las manos y los pies. Algunos, que han ganado favores en la prisión, pueden dar discursos motivacionales a sus compañeros. No tienen acceso a los tribunales; en su lugar, son llevados a salas para videoconferencias. La falta de contacto con el exterior mantiene a las familias en la incertidumbre sobre la vida o la muerte de sus seres queridos. Aunque CECOT cuenta con comedores y gimnasios, estos son exclusivos para los guardias.
En definitiva, CECOT representa una de las expresiones más extremas y controvertidas del sistema penitenciario en un país marcado por su violencia, enfrentando críticas internacionales por sus condiciones y prácticas de detención.
