La guerra en Afganistán comenzó en 2001 tras los ataques del 11 de septiembre, como parte de la denominada Guerra contra el Terrorismo de Estados Unidos. La invasión fue contundente y violenta, causando la muerte de muchas personas. Soldados estadounidenses, fuerzas afganas, talibanes y fuerzas aliadas participaron en el esfuerzo bélico, sin que pareciera haber un lugar seguro en la zona. Objetivos que no se esperaría atacar fueron víctimas de ataques. La cifra de civiles fallecidos es escalofriante y continúa creciendo, con presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que marcaron el inicio y aún hoy la historia del conflicto.
Un tema recurrente en este conflicto es la responsabilidad de las tropas afganas entrenadas por la CIA, responsables de la muerte de civiles. La Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. tiene un historial de entrenar a tropas extranjeras alineadas con sus intereses. En el pasado entrenaron a militares bolivianos contra insurgentes cubanos, lo que llevó a la muerte de Che Guevara. Más recientemente, se entrenaron fuerzas especiales afganas que luchaban contra el talibán y otros grupos aliados. Un informe de Human Rights Watch revela que estas tropas no siempre operaban conforme a las leyes de guerra.
El informe detalla casos en los que estas fuerzas entraron a viviendas privadas y ejecutaron a varios hermanos, alegando buscar militantes del Estado Islámico. En otras ocasiones, llevaron a cabo ejecuciones sin justificación de civiles, incluyendo visitantes y trabajadores. Estas acciones infringen claramente el derecho humanitario internacional y son consideradas crímenes de guerra.
Muchos mandatarios estadounidenses han protegido a militares acusados de crímenes en combate. Donald Trump, por ejemplo, concedió indultos a varios soldados en 2019, incluyendo a un exsoldado de las Fuerzas Especiales y a un oficial condenado por abrir fuego contra civiles desarmados. Además, ordenó la promoción de un Navy SEAL condenado por comportamientos inmorales y violaciones de derechos humanos.
En 2020, poco después de un acuerdo de cese al fuego con los talibanes, estos atacaron y mataron a tres civiles en una explosión, en una violación a la tregua de apenas unos días. La brecha en el acuerdo se debió a que los talibanes respondieron a una oferta estadounidense de liberar presos, a pesar de que el gobierno afgano afirmó no haberlo aceptado. La violencia continuó con un atentado con bomba en un partido de fútbol y otros ataques peligrosos en la región.
La captura de Ahmed Khan en 2002 es un ejemplo de las actuaciones discutibles en el terreno. La operación, llevada a cabo con helicópteros armados que abrieron fuego en la casa de Khan, dejó daños y una víctima mortal colateral, un campesino. La familia fue liberada posteriormente, pero el episodio evidencia las métodos agresivos y controversiales utilizados.
Durante la administración de Obama, se evidenció una tolerancia a la corrupción. El gobierno estadounidense inyectó miles de millones de dólares en el país sin tomar medidas firmes contra la corrupción, permitiendo que señores de la guerra, narcotraficantes y funcionarios corruptos operaran libremente. La presencia de oficiales corruptos influía en las operaciones militares, y en algunos casos, se reportó abusos y explotación infantil.
La CIA también estableció prisiones secretas y ilegales en varios países de Europa del Este, violando las leyes internacionales de derechos humanos. Prisiones en Lituania, Rumania y Polonia fueron cerradas tras ser halladas culpables por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por torturas y tratos inhumanos.
Existe también la posibilidad de que Rusia haya puesto recompensas sobre soldados estadounidenses en Afganistán, aunque hay desacuerdos en las fuentes. Se arrestó a un intermediario que habría transmitido fondos rusos a los talibanes, pero algunos organismos de inteligencia dudan de la veracidad de estas acusaciones.
Los contratistas privados pagados por EE.UU. han tenido un rol importante, sobre todo en roles de apoyo y seguridad no combatiente. Sin embargo, han sido responsables de crímenes de guerra, y su inmunidad legal en Estados Unidos ha generado cuestionamientos, incluyendo casos de violencia y abusos documentados.
Los ataques talibanes y sus aliados con tácticas de guerrilla y terrorismo han causado muchas víctimas civiles. Los ataques indiscriminados, incluyendo bombas en zonas civiles, han destruido hospitales y escuelas, dejando un saldo trágico de muertes, muchas de ellas de niños.
Las operaciones aéreas estadounidenses han provocado la muerte de cientos de civiles, con bombardeos en ciudades y zonas rurales, dañando hospitales y viviendas, y produciendo un drástico impacto humanitario. Los bombardeos en Afganistán iniciaron con ataques contra laboratorios de drogas y poblados, y hasta hoy, las bajas civiles continúan siendo una triste realidad.
Incluso, varias bodas han sido atacadas accidentalmente por las fuerzas estadounidenses, causando la muerte de cientos de civiles en diversos eventos, incluidos algunos bombardeos en Yemen e Irak, además de los ataques en Afganistán. Los grupos insurgentes también han perpetrado ataques similares, como el atentado suicida en una boda en 2019 que dejó decenas de muertos.
La tensión internacional se intensifica cuando se revela que Estados Unidos habría amenazado con sancionar a investigadores del Tribunal Penal Internacional por investigar posibles crímenes de guerra en Afganistán. El gobierno estadounidense, que nunca firmó el tratado de la CPI, intenta frenar las investigaciones mediante restricciones de viajes y sanciones económicas, en una muestra de la tensión entre justicia internacional y protección estatal.
